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Dr. Luis Solari
El Dr. Luis Solari, quien ha sido premier y Ministro de Salud, escribió el día de ayer 18 de marzo de 2010 en el Diario El Comercio, un agudo artículo denominado “Interés Compuesto” en que no solamente acusa al Ministro de Salud al haber reestablecido la distribución de la AOE, “de haber violado el debido proceso, el derecho de defensa, la doble instancia y la cosa juzgada al resolver por sí y ante sí un tema que es materia de instancia judicial” , sino además de haber “preferido una recomendación foránea antes que cumplir el ordenamiento jurídico nacional, que defiende la vida naciente”.
Igualmente recuerda que los fabricantes siguen sosteniendo que la AOE tiene el efecto anti anidatorio, es decir, abortivo.
Por otro lado, lo ha acusado de utilización política del tema y que “ha olvidado decirle al presidente, al Gabinete y a la prensa, que diversos estudios científicos han fehacientemente demostrado que la distribución amplia de píldora del día siguiente no reduce la tasa de aborto ni de embarazo no intencionado”. Lo cual, afirma Solari, la hace totalmente ineficiente como política pública.
Por último, emplaza a Yehude Simon, presidente del Partido Humanista a la cual pertenece el obcecado Ministro de Salud, a que se pronuncie y diga cuál es la posición de su partido que ha decidido participar en las próximas elecciones.
Interés Compuesto
La medida exacta de una persona que ejerce como autoridad pública es el grado en que su conducta hace prevalecer los intereses particulares sobre el interés común.
¿Por ejemplo, no se enardece usted por la impotencia que se siente ante el desmadre del tráfico, ocasionado por algunos alcaldes en campaña electoral que descuartizan nuestras calles y avenidas? Por supuesto, a ellos no les importa la gasolina adicional que usted consumirá, ni las llantas que dañará, y menos que ir de su trabajo a casa en hora punta equivalga al tiempo de un Lima-Chincha. No les importan sus vecinos. Provoca que se elimine toda reelección.
Bueno, nada comparable con lo que ha sucedido con el famoso indulto, que terminó por revelar que estamos ante una macrooperación de copamiento o infiltración de medios de comunicación.
En un año electoral, en que algunos se juegan “el aire que respiran”, hay que ser candelejón para no darse cuenta de que pausadamente —como para que no se note— van distribuyéndose en diversos medios algunos personajes que tuvieron peculiares vinculaciones durante la dictadura.
La frustrada “operación de desembarco” contra Canal 4 hizo palpable esto, cuando esa “red” de personajes trató de centrar el debate público del indulto en el tema de las acreencias del Canal 4, intentando enlodar a El Comercio y La República.
Hay máscaras felizmente pegadas con babas. La racionalidad de algunos cree que en una democracia es lícito manipular mediáticamente a la gente, como en una dictadura. ¿A quiénes se les nota más tal conducta? A los que antes se comportaron así.
La racionalidad utilitarista de quien haya disfrutado o usufructuado el poder de una dictadura no cambia. Los hechos lo están demostrando. Caras inocentonas, oscuras intenciones.
Un ministro “carbonizado”, un gobierno sacudido.
Aunque menos espectacular, pero más claro para los defensores de la verdad, en la sopa de intereses que parecen pulular en el Perú, es lo acontecido con la píldora del día siguiente. El ministro de Salud ha colocado al presidente ante el riesgo político de que alguien —por un minuto de fama— le presente una acusación constitucional por infringir el artículo 118 de la Constitución, por el cual el presidente debe “cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”.
El ministro, en vez de actuar, por ejemplo, como en el caso de las cementeras que han recurrido a los tribunales, decidió quebrar la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que le prohíbe distribuir tal fármaco, debido a que “el derecho a la vida del concebido se ve afectado por acción del citado producto”.
No solo ha violado el debido proceso, el derecho de defensa, la doble instancia y la cosa juzgada al resolver por sí y ante sí un tema que es materia de instancia judicial, sino que también ha preferido una recomendación foránea antes que cumplir el ordenamiento jurídico nacional, que defiende la vida naciente. Hoy, mientras usted lee estas líneas, los fabricantes siguen sosteniendo que el fármaco impide la implantación del concebido en el útero materno. Para quebrar la sentencia, el funcionario escoge una fecha políticamente propicia, e invita al acto del anuncio de su decisión a la ministra de la Mujer —del partido de gobierno— como paraguas político. ¿Ministro de Salud armando “caballito” para su campaña electoral? El ministro ha olvidado decirle al presidente, al Gabinete y a la prensa, que diversos estudios científicos han fehacientemente demostrado que la distribución amplia de píldora del día siguiente no reduce la tasa de aborto ni de embarazo no intencionado. En términos claros, es totalmente ineficiente como política pública.
Al estar demostrada tal ineficiencia, comprar masivamente dicho fármaco solo favorece los intereses económicos de los fabricantes. ¿Qué opinará el señor Simon, presidente del partido del ministro de Salud, su ex secretario general? ¿Y el presidente? Una vez más, magullado por ministros.
