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Sí, y todo gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que ha metido sus narices en desprestigiar la acción de los comandos de Chavín de Huántar, la cual se ha constituído en un ente supranacional que viene impulsando el aborto entre los miembros que firmaron el Pacto de San José y que se encuentran vinculados a la misma.
La denuncia vino en el Boletín N° 136 del Population Research Institute y que tituló “La tormenta perfecta contra el derecho a la vida del concebido en América Latina” y la cual transcribimos a continuación:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) ha denunciado al estado de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por la supuesta violación de los “derechos reproductivos” de 10 parejas costarricenses con problemas de fertilidad, debido a que en ese país se prohibió las técnicas de reproducción asistida desde el año 2000.
En condiciones normales, esta demanda no prosperaría. Sencillamente porque no hay ninguna sentencia o tratado de derechos humanos que reconozca a la reproducción asistida como un derecho humano. Ni siquiera se menciona en la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José. Es decir, la Corte IDH no tiene competencia, no le corresponde por derecho exigir a ningún Estado que legalice estas prácticas.
Por lo tanto, la solución también es sencilla. El Estado de Costa Rica tendría tan sólo que argumentar la no competencia de la Corte sobre este asunto.
El problema es que las condiciones no son para nada normales.
¿Qué cree que podría pasar si se combinan estos elementos?
Los miembros tanto de la Comisión como de la Corte IDH tienen una opción ideológica para interpretar los derechos humanos, en clave de ideología de género y de los llamados “derechos sexuales y reproductivos”.
La Comisión presenta el caso asesorada por “Center for Reproductive Rights”, una organización neoyorquina con presencia mundial, dedicada a que el aborto se convierta en un derecho humano y que su principal misión es intervenir en litigios internacionales para lograrlo.
Los políticos y funcionarios del gobierno de Costa Rica no cuestionan la competencia de la Corte, más bien han manifestado públicamente que quieren allanarse, y esconden toda información, o ponen obstáculos, a cualquiera que pueda intervenir a favor del derecho a la protección legal de toda vida humana desde la concepción.
Estas condiciones podrían destruir el derecho a la vida del concebido e instalar las bases jurídicas para legalizar el aborto en América Latina
Con ocasión de este caso, la Comisión IDH ha generado la oportunidad de que la Corte pueda establecer un precedente jurídico vinculante (legalmente obligatorio), para todos los países latinoamericanos que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo que se refiere al inicio de la vida y los alcances de su protección legal.
Por ello, si la Corte IDH considera que con la prohibición de la Fecundación In Vitro se vulneran derechos humanos, podrá pronunciarse sobre la legalidad de la manipulación de embriones, no solo en el marco de la reproducción asistida mediante la FIV sino también en lo referido al aborto, la existencia y alcance de los derechos sexuales y reproductivos, la anticoncepción de emergencia, la manipulación y destrucción de embriones, los derechos de las parejas homosexuales a formar una familia, la disposición del propio cuerpo (argumento central de la legalización del aborto en USA), entre otros.
En conclusión, toda protección, constitucional o legal, a la vida del concebido que reconozca o haya otorgado cualquier país de Latinoamérica, corre el riesgo de ser revertida con un pronunciamiento favorable de la Corte IDH en este caso.
