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La marcha no conmovió la conciencia de los políticos que apoyan el asesinato de concebidos
Uruguay se encuentra al borde del abismo debido a que la mitad de su clase política ha decidido mandar de vacaciones la sensatez y la decencia, para reemplazarla por ideologías antivida y pactos electorales. De esta manera, Uruguay se expone a tener el “honor” en Latinoamérica, después de Cuba, de legalizar la pérdida irreparable de la vida de miles de hijos, condenar a cientos o miles de mujeres de su país a vivir la pesadilla de sentirse culpables toda su vida y de padecer el sindrome de post aborto, de hipotecar su futuro familiar y convertirse en el “centro de turismo abortivo” de Latinoamérica, y lo más importante, de avanzar hacia la pérdida del valor de la vida humana que se reflejará ahora en los que aún están por nacer, pero luego en los otros más débiles de la sociedad uruguaya.
Por eso a pesar que miles de uruguayos, de todo edad y condición social” marcharon por el centro de Montevideo en defensa de la vida’ y para expresar su rechazo al polémico proyecto que despenaliza el aborto, y la fuerte oposición de decenas de organizaciones sociales, los políticos, tercos en su posición antivida, han logrado un exiguo triunfo de 50 a 49. Tan escaso margen, sobre un tema de tanta importancia, muestra una obcecación patológica.
El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados despenaliza el aborto hasta la semana doce de gestación, con un plazo mayor sin límite en caso de que haya riesgos para la salud de la madre.
Carlos Iafigliola, dirigente de la Mesa Coordinadora por la Vida, criticó duramente esta medida. ”El camino no es legalizar males sociales. Así se termina educando a la sociedad en que el aborto es bueno porque es legal. Estamos contra este crimen, hay que perseguir legalmente y acotar a los que practican abortos, no fomentar leyes que terminen con la vida“, indicó Iafigliola.
Tras la marcha, los manifestantes leyeron un documento en el que sostenían que este proyecto de ley ha sido tratado por el Parlamento uruguayo “en forma antidemocrática, anticonstitucional, ilegal y antirreglamentaria” con el único fin de “dar legalmente muerte y posterior desaparición al más indefenso e inocente de todos, el ser humano aún no nacido”.
Los opositores a la norma denunciaron que la iniciativa permitirá abortar hasta los nueve meses de embarazo bajo cualquier argumento, como un simple malestar psicológico normal en un embarazo.
Otro de sus argumentos en contra fue el uso que se hace de los derechos de la mujer “como excusa para matar legalmente” tanto a hombres como a mujeres, abrir el camino para la “herida traumática del post aborto” y “legalizar el machismo dándole luz verde a la irresponsabilidad del varón mediante el recurso fácil del aborto”.
A pesar de estar penado por ley, en Uruguay cada año se producen más de 30.000 abortos, según cifras oficiales.
En noviembre de 2008 se aprobó una ley similar, si bien no entró en vigor debido al veto impuesto por el entonces presidente, el oncólogo Tabaré Vázquez, en un gesto que causó una gran molestia en el seno del Frente Amplio y entre organizaciones feministas.
