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En un anterior post señalamos que el la propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos 2011-2016 (PNDH) era un ataque contra el concebido, la mujer y la familia y hasta el momento dicho Plan, que se desea aprobar en el Consejo de Ministros, no ha sido colgado en la web del Ministerio de Justicia. Existen dos borradores que circulan, pero como no se sabe cual será el definitivo. Esto denota una falta total de transparencia o una improvisación muy poca profesional.
Resumiendo los desaciertos de dicho Plan, en su “primer borrador” entre otras cosas eran:
- Se impulsaba el Protocolo del aborto terapéutico.
- Se impulsaba nuevamente la distribución de la píldora del día siguiente
- Despenalización del aborto por violación
- Legitimación de la ideología de género.
- Legitimación de los “derechos sexuales y reproductivos” como derechos humanos.
- Despenalización de las relaciones sexuales en menores.
Aquí se puede ver el llamado segundo borrador.
A toda esta sarta de “derechos”, parece que se sumó primeramente el derecho al engaño
La jugada para engañar a la Conferencia Episcopal Peruana
Después que el Cardenal Cipriani había alertado a la población de la confección de este Plan con muchos puntos cuestionables e inadmisibles desde la Constitución peruana que defiende al concebido desde su concepción, el MINJUS después de sacar una nota de prensa y el viceministro José Ávila de salir a declarar que no se impulsaba la despenalización del aborto, pasó a la ofensiva y fue a visitar a la Conferencia Episcopal Peruana.
Lamentablemente, era una pantomima. Al final de la siguiente semana de la alerta de Cipriani, el abogado Gonzalo Flores Santana, asesor legal de la Conferencia Episcopal Peruana, tuvo que denunciar a través de Aci Prensa que la visita del viceministro fue un engaño y que “ha mentido a la sociedad, ha utilizado a la Iglesia, para lograr su objetivo de sacar adelante un plan nacional ideologizado”.
Flores Santana señaló que “el Ministerio de Justicia busca la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos, sin tomar en cuenta la opinión, sugerencias y recomendaciones de la sociedad civil, a pesar que públicamente se había comprometido” a hacerlo así.
Según reveló Flores Santana, el viceministro de Derechos Humanos el Ministerio de Justicia, José Ávila, “entregó personalmente al Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana el texto del Plan elaborado por el Ministerio de Justicia, para que la Conferencia Episcopal lo analice y haga llegar sus aportes”.
“La CEP cumplió con celeridad y el día jueves 13 hizo llegar sus observaciones y recomendaciones junto con una carta donde solicitaba que se amplíe el plazo para debatir este tema como su importancia lo demanda y debido a que el proceso y metodología seguida por el Ministerio había tenido gruesos errores”, indicó.
Sin embargo, el letrado denunció que el viceministro “está impulsando que el Plan, tal como está, sea aprobado por el Consejo de Ministros…y esto constituye una burla”.
Se olvidaron de los partidos
A la mala disposición de transparentar el Plan de Derechos Humanos se sumó la carta del PPC a la Ministra de Justicia, Eda Rivas, en la que le señalaba los errores de forma y de fondo de su Ministerio con respecto al Plan Nacional de Derechos Humanos. (Leer la carta aquí)
La carta firmada por su presidente, Raúl Castro Stagnaro señaló que el PNDH ha exluido la participación de los partidos políticos. Así se lee: “El proceso de elaboración del PNDH ha excluido totalmente la opinión del PPC y los demás partidos políticos activos de nuestro país. Siendo así, no se ha tenido en cuenta los aportes, críticas o sugerencias que fortalecerían y legitimarían el actual plan de acción que busca proteger los derechos humanos en nuestro país” y que “no solo se adopta e impone, sin previo debate, una posición determinada y particular respecto de los derechos humanos, sino que además se usurpa el espacio idóneo por excelencia para la deliberación y toma de decisiones que afectan a la totalidad población peruana, el Congreso de la República”. Aquí error de forma y se denuncia la imposición, no por un congresista sino por un partido.
A lo que suma Castro en su carta los errores de fondo del Plan: “Parte de estos inconsultos ejes de acción establecidos en el PNDH son una negación del régimen constitucional vigente en nuestro país, pues desconocen sentencias del Tribunal Constitucional (como por ejemplo la distribución de la píldora del día siguiente), disposiciones recogidas en nuestra Constitución Política e incluso tratados ratificados por el Perú (entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos)”.
Al final la carta le solicita que “no emita el PNDH sin antes considerar las opiniones, aportes y críticas de los partidos políticos que a través de su legítima participación democrática representan la voz del poder constituyente, el pueblo peruano”.
La legitimación de dichos “derechos” en la educación escolar
Pero al engaño se sumaría la cereza de la LA IMPOSICIÓN y legitimación de dichos derechos totalmente cuestionables en la educación escolar y universitaria.
Así en su Introducción señala que el PNDH tendrá como base cuatro ejes principales y uno de ellos será “la adopción de un sistema de educación en derechos humanos”.
Esto se traduciría en que los colegios y universidades tendrían que enseñar este Plan a menos que su su certificado de calidad educativa no se vea afectada. Así se lee:
Por otra parte, resulta fundamental que el enfoque de derechos se encuentre incorporado en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa SINEACE, así como en sus tres componentes principales: Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica (IPEBA), Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria (CONEACES) y Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU).
En otras palabras se impondría en todos los colegios, incluyendo los católicos y evangélicos, los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, incluyendo la legitimidad de un protocolo para abortar, el uso de la píldora del día siguiente como otro derecho, sin considerar toda la agenda llamada gay.
Aquí un video de una entrevista al actual viceministro de Justicia, José Avila de cómo se insertaría (“impondría”) el Plan de Derechos Humanos que se busca aprobar en el Consejo de Ministros.
