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Juan E. Méndez, relator especial de Naciones Unidas, ha señalado que la penalización de la práctica del aborto se convierte en tortura. El documento se titula “Informe del relator especial sobre la tortura, y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”, y fue publicado el 1 de febrero.
En el resumen se indica que “El presente informe se centra en ciertas formas de abusos presentes en entornos de atención de la salud que pueden trascender el mero maltrato y equivaler a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. El objetivo del informe es identificar “las políticas que fomentan esas prácticas”.
A este aspecto, central en la elaboración del informe, se dedica el capítulo IV, bajo el título “creciente reconocimiento de las diferentes formas de abuso en entornos de atención de la salud”. El primer aspecto abordado es el del internamiento obligatorio por problemas médicos, y el segundo es la “conculcación de los derechos reproductivos”.
Ahí, en el punto 46, detalla como una de esas prácticas “la denegación del acceso a servicios autorizados de salud como el aborto y la atención posaborto (sic)”. La prohibición del aborto se define como “violación” de los derechos y se equipara, en este relato, con “el maltrato y la humillación en entornos institucionales, las esterilizaciones involuntarias (…), las esterilizaciones y abortos forzosos” o “la mutilación genital femenina”.
Asimismo, en el punto 50 del informe, añade que “El Comité contra la Tortura ha expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que las restricciones en el acceso al aborto y las prohibiciones absolutas con respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los malos tratos”.
El informe remite a otro anterior, del año 2011, bajo el título “Violaciones de los derechos reproductivos, como una tortura y un tratamiento o penalización cruel, inhumano o degradante”. Este primer informe comienza diciendo que “las mujeres y las niñas de todo el mundo se enfrentan a una amplia gama de violaciones en sus derechos sexuales o reproductivos, tales como la falta de acceso a métodos anticonceptivos, o a un aborto seguro”.
Otras violaciones de sus derechos, en el mismo plano, son “la mutilación genital femenina y la violencia sexual”. Y añade: “Estas violaciones de los derechos humanos implican a menudo tremendos daños físicos o psicológicos, y se pueden considerar que forman parte de las torturas y los tratamientos o penalizaciones crueles, inhumanos o degradantes”.
Aunque el informe del relator general cita otros dos antecedentes, los documentos CAT/C/CR/32/5, en su párrafo 7, y A/66/254 en su párrafo 30, lo cierto es que esta es la primera vez que se equipara la ilegalización del aborto y la tortura en un informe presentado ante la Asamblea General.
Tras haber sido encarcelado durante la dictadura de Videla durante 18 meses, Juan E. Mendéz fue expulsado de su país a Estados Unidos, donde ha vivido desde entonces. Al asumir el cargo, declaró: “Yo mismo soy un sobreviviente de la tortura, por lo que mi mandato estará centrado en las víctimas”.
(Tomado de Intereconomía)
