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No contento Ollanta Humala y Nadine Heredia de pasar a la historia como el primer gobierno de aprobar una norma abortista a través del “protocolo de aborto terapéutico”, ahora apoyan su difusión a través de toda Latinoamérica presentando como candidato del Perú a Diego García Sayán (DGS), ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica (CIDH).
Si hacemos memoria, DGS tuvo la habilidad en su periodo como presidente de la CIDH de relativizar el valor y la dignidad a la vida del concebido a través de la sentencia emitida contra el Estado de Costa Rica por ser lo suficientemente coherente con la defensa de la vida desde la concepción al estar prohibida en el país “tico” la fecundación in vitro. Para poder romper la lógica jurídica costarricense, DGS y los jueces que lo acompañaron (dos de los cuales se habían declarado anteriormente a favor del aborto), tuvieron que acudir a una serie de ardides como el de “redefinir el momento de la concepción”, citar a como testigos imparciales a dueños de clínicas de fertilización asistida, acudiendo sólo a fuentes que estaban a favor de una teoría biológica que permitiera tal despropósito. El mismo DGS se declaró partidario del aborto en un artículo publicado en La República del cual es columnista. La gravedad de esta sentencia contra la vida llevó al ese entonces Papa Benedicto XVI a criticar duramente lo realizado por la CIDH en su discurso al Cuerpo Diplomático ante el Vaticano.
Este artículo no tiene como objetivo repasar todas las arbitrariedades de la sentencia pero pueden leerse cuatro duros análisis de dicha sentencia desde la Biología como el Derecho, como el guardar el debido proceso. Se pueden leer aquí: “Crítica1” y “Crítica2“, Crítica3” y “Crítica4“.
Pero la Corte que dirigía DGS no se quedó ahí, sino que además a través del caso Atala vs Chile, convirtió un caso de custodia de unas niñas en un caso de “discriminación de género” en favor de la agenda gay y de paso redifinió el concepto de “familia”. Es decir la CIDH redefinió el inicio de la vida y el de familia como integrado por varón y mujer. Ése es el candidato que el gobierno de Ollanta Humala quiere ahora que influya sobre la OEA.
En otras palabras, DGS no solamente cree que el derecho al aborto es un derecho a la mujer, sino que ha difundido su visión en la CIDH. Y por supuesto lo hará en la OEA. Sin mencionar que su candidatura muestra su amistad y conexiones con el actual gobierno, y en especial, con el área que le compete: el Ministerio de Justicia. No por nada el MINJUS emitió sendos informes técnicos apoyando la promulgación del protocolo de aborto terapéutico y la unión civil. Este Ministerio se ha vuelto el baluarte ideológico de liberalismo sexual y de género impulsado por el actual ministro de Justicia Daniel Figallo y con la anuencia de sus dos viceministros, especialmente el de Derechos Humanos, viceministerio que fue creado especialmente con este propósito: de crear nuevos derechos que se acomoden a la agenda abortista y homosexual, o a la ideología de turno. Acordémonos que Figallo trató prácticamente de fundamentalista y posición de fe la crítica de la Iglesia en contra del protocolo del aborto terapéutico, cuando señaló que las palabras del Cardenal Cipriani contra el protocolo de la muerte eran sólo para “la comunidad cristiana”.
En la última reunión de la OEA precisamente se quiso imponer estos dos puntos: aborto y matrimonio homosexual. La presión abortista no prosperó. García Sayán cubre sus expectativas de manera clara para que la OEA se convierta como la ONU en también un soterrado “derecho al aborto” bajo el pretexto de “salud de la mujer”.
