Detrás de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de despenalizar las relaciones sexuales con menores, y que ha sido condenado por la Conferencia Episcopal Peruana, se encuentran dos profesores vinculados a la Facultad de Derecho de la ex PUCP.
Es decir, que quienes apoyaron y promovieron esta sentencia desde el punto de vista legal y que va en contra de los adolescentes y de la patria potestad de los padres sobre sus hijos, se encontraban dos profesores vinculados a aquella universidad que dice vivir el espíritu de la fe católica pero con “apertura de ideas”.
Una sentencia en la que, que como dicen los Obispos, “se deja abierta la posibilidad de que estos sean víctimas de explotación sexual, prostitución infantil, pederastia, embarazos no deseados y abortos, quedando indefensos frente a adultos que los puedan manipular con facilidad hasta lograr que brinden su consentimiento”.
La primera de ellas es la abogada que dirigida por INPPARES presentó el recurso de incostitucionalidad ante el TC, Ana Victoria Suárez Farfán, que no sólo es egresada de dicha casa de estudios, sino que además, hasta por lo menos mayo del 2011, era adjunta de docencia en el curso de Derecho de Familia en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Sí, como lo leen, ¡de Derecho de Familia!
Así es como aparece en la web de la revista Themis de la asociación de un grupo de ex estudiantes de Derecho de la ex PUCP en un artículo suyo con el sugestivo nombre de “¿Perú: es posible un Estado laico?”. Sin asumir las banderas radicales del laicismo encontramos frases como las siguientes con respecto del mal llamado aborto terapéutico: “Fue la intervención directa de la iglesia católica la que trabó cualquier iniciativa vigente, obviando por completo la situación de excepción que contempla la ley y que se traduce en la ponderación de la vida / salud de la mujer frente a la del concebido”; o con respecto a la homosexualidad: “La Iglesia católica desconoce el libre de desarrollo e identidad sexual de todo ser humano”; o por último con respecto a la Iglseia y su opinión a la AOE: “Desconociendo; las pruebas médicas científicas que indican que dicha píldora no es abortiva”.
Y aunque Ana Victoria Suárez tuvo un papel protagónico como asesora legal de INPPARES, otro conspicuo personaje de la ex PUCP ha contribuido y apoyado a que se lleve a cabo este despropósito. Se trata del Dr. Samuel Abad Yupanqui, constitucionalista y actual profesor principal de la Facultad de Derecho de la PUCP, donde el actual decano es el Dr. César Landa.
Así que Samuel Abad Yupanqui, con el auspicio de Manuela Ramos y de PROMSEX dos, dos ONG´s abortistas publica “Informe sobre la inconstitucionalidad del inciso 3 del artículo 173 del Código Penal Peruano” en que la base de su argumentación es el reconocimiento de unos “derechos sexuales y reproductivos” . El informe es de noviembre del 2011.
Como se sabe, Abad Yupanqui fue uno de los profesores de la PUCP que participaron el el Congreso de Derechos Sexuales y Reproductivos realizado en Arequipa el año 2009. Y si a alguien le quedó duda que fue sólo una participación, a través de este informe queda claro que además es promotor y defensor de dichos derechos.
El problema, como es obvio, no es que Abad Yupanqui publique ese informe y se junte con quien desea para hacerlo, sino que participe de una universidad que ha sostenido de manera reiterada frente al Perú y a la Santa Sede su identidad institucional católica.
En la presentación del informe se lee: “El Movimiento Manuela Ramos y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, organizaciones feministas peruanas que buscan contribuir al pleno reconocimiento y garantía de los derechos humanos en el campo de la sexualidad y reproducción, ponen a disposición esta publicación con la firme convicción de la necesidad urgente de la reforma legal que permita restituir los derechos vulnerados a las y los adolescentes de nuestro país”.
Pero posiblemente sea más notorio que un constitucionalista de la ex PUCP esté de acuerdo con vulnerar la potestad de los padres de sus hijos cuando éstos son menores de edad en educación y comportamiento sexual. También llama la atención el aparato crítico del informe que se autosostiene, entre otras, con citas de publicaciones de ONG´s abortistas como “Center for Reproductive Rights”, o las mismas publicaciones de sus auspiciadores como Susana Chávez y Maria Jennie Dador, de Promsex y Manuela Ramos respectivamente.
Señala además que el informe de dicho profesor de la ex PUCP fue financiado por la UNFPA y la ONG española ANSVED.
Otra perla del Dr. Samuel Abad: Presidó la elaboración del Código Procesal Constitucional, que incluyó en la lista de derechos constitucionales protegidos por el proceso de amparo a uno que no aparece en la Constitución: el de no ser discriminado por “orientación sexual”. Así, se sirvió de su función para imponer un “derecho sexual” de contenido ideológico, que busca cambiar los códigos morales de la población.
Estos 2 doctores deberían de saber que la Iglesia Católica siempre es vencedora y ellos forman parte del grupo de perdedores, ya que tanto en el TC como en el Poder Judicial la EXPUCP ha perdido la Batalla al fallar a favor del Arzobispado de Lima.