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En la editorial del lunes 18 de octubre La Nación de Buenos Aires (Argentina) a través de un magnífico editorial le aclaró a la jueza de la Corte Suprema de Justicia que la ciencia no avala una legislación que no respeta la vida del recién concebido.
Por su sensatez y valor, lo ponemos en el blog porque los peruanos TAMBIÉN debemos exigir esa claridad a nuestros jueces, en especial a los del TC.
Editorial I
Aborto: sincerar el debate
Los argentinos debemos exigir que se legisle con la verdad, dejando de lado prejuicios o ideologías, en un tema tan trascendente
Las recientes declaraciones de la doctora Carmen Argibay, jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en favor de una legislación abortista obligan a una reflexión sincera sobre la materia.
Aun cuando hoy vastos sectores siguen oponiéndose a las comprobaciones empíricas de las ciencias médicas, resulta ya indiscutible que la concepción de la vida humana se produce a partir del momento de la fertilización. El principio de la existencia de una persona, gracias a los avances de la medicina, puede establecerse con precisión. Hace años el insigne genetista francés Jérôme Lejeune decía que “aceptar el hecho de que una vez producida la fertilización ha surgido un nuevo ser humano ya no constituye una cuestión de gustos u opiniones. La naturaleza humana del ser humano, desde la concepción hasta la vejez, no es una hipótesis metafísica, sino una evidencia experimental”. Lo mismo expresó el premio Nobel de Biología Jean Rostand: “Existe un ser humano desde la fecundación del óvulo. El hombre, todo entero, ya está en el óvulo fecundado; está todo entero, con todas sus potencialidades”.
De modo tal que, descartada la cuestión del inicio de la vida humana, a partir de la constatación empírica de que el nuevo ser humano tiene un ADN distinto del de su padre y madre, pero con cromosomas de ambos, quedaría simplemente sincerarnos y establecer que frente al aborto sólo hay dos posiciones: o se está a favor de la vida del ser humano desde su concepción o se defiende la posibilidad de matarlo, interrumpirlo, eliminarlo, suprimirlo o el eufemismo que se quiera utilizar. Las explicaciones son múltiples, las supuestas justificaciones también, pero el hecho incontrastable es uno solo.
Por ello, las reiteradas declaraciones de la ministra de la Corte Suprema de Justicia en las que afirmó que “no es lo mismo la vida antes del nacimiento que después” y que “recién cuando nace, puede ser considerado persona desde el punto de vista jurídico” resultan injustas e insostenibles, puesto que significan desconocer no sólo la realidad que demuestran la ciencia y la tecnología modernas, sino también las normas jurídicas vigentes en nuestro ordenamiento, empezando por los tratados internacionales de rango constitucional (Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica y Convención sobre los Derechos del Niño) y terminando en el propio Código Civil, que expresamente dispone en su artículo 63 que “son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno”. Y agregaba el ilustre Vélez Sarsfield en su nota a ese artículo: “Las personas por nacer no son personas futuras, pues ya existen en el vientre de la madre”. Esto ya se decía entre 1870 y 1872.
Es notoria la contradicción de una sociedad que ha evolucionado éticamente desde la defensa de la doctrina del individualismo imperante en el siglo XIX hacia una concepción social del derecho, que en tantos planos se dedica a bregar por los derechos humanos, pero, sorprendente y paradójicamente, no se preocupa por el más elemental de ellos, que es el derecho a la vida del ser humano más indefenso: el de la persona por nacer. Pareciera que en lugar de proteger y promover la inclusión del incapaz, del débil, del minusválido, del más vulnerable, a aquel a quien el derecho moderno protege en esta materia vital, se otorga prioridad al derecho individual de la madre por encima del de su propio hijo.
Y no estamos por ello desconociendo la difícil realidad económica, social y sanitaria que aqueja a vastos sectores de nuestra población, para los cuales el tema de los embarazos no deseados, con distinto origen, es harto complejo.
Por eso, es de esperar que todos los argentinos -máxime quienes ocupan cargos de responsabilidad en los poderes públicos del Estado- dejemos de negar la realidad que la ciencia y la tecnología demuestran de forma contundente, y pidamos que se legisle o resuelva con la verdad, de acuerdo con la realidad y lo que debe ser el crecimiento ético de las normas, no su retroceso, instando a quienes propugnan esas iniciativas a abrirse al debate, sincerar la discusión, dejando de lado prejuicios o ideologías, para asumir con claridad cuál es la postura que, como sociedad, elegimos frente a un tema tan trascendente.
