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La Nueva Ministra de la Mujer, feminista y pro aborto.

La nueva Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita Alegre, fue antes viceministra del mismo portafolio. En esa ocasión, en enero del 2012, apareció en la web del MIMDES lo siguiente:

La abogada Marcela Huaita, es una investigadora, docente y consultora internacional, experta en temas de género, derechos humanos y políticas públicas. En los últimos años, ha trabajado con profesionales del sector público para sensibilizarlos en violencia contra la mujer, igualdad y no discriminación, participación política y derechos sexuales y reproductivos.

Huaita ha trabajado para instituciones como Proética, Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Constella Futures (The Futures Group). En el 2003, fue invitada a integrar el Gabinete de Asesores de la Presidenta del Consejo de Ministros, y, en 1996, fue asesora principal de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República.

Pero se quedan cortos en su currículum el cual vamos a nutrir en temas que están vinculados a la defensa de la vida y la familia.

a) Difusora y promotora de la ideología de género.

Profesora de la Red Alas. La Red Alas (Red de académicos/as latinoamericanos en Género, Sexualidad y Derecho) reúne profesoras y profesores en América Latina que promueven la reforma de la enseñanza del derecho para incluir las perspectivas de género y sexualidades discriminadas en los contenidos y las metodologías de todas las áreas de estudio en el derecho. La Red ALAS defiende y promueve la asistencia jurídica a mujeres y grupos LGBT y la promoción de sus derechos en los programas clínicos y los consultorios jurídicos de las facultades de derecho.

Si es así, su membresía de la Red Alas hace que su labor sea fructífera para la ideología de género y demás en la PUCP como profesora en la Maestría de Derechos Humanos y anteriormente como profesora de Teoría General del Derecho (cómo ya no nos sorprende esto de la “pontificia” y “católica”) e igualmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

b) A favor de la despenalización del aborto por violación y eugenésico

En octubre del 2009 firmó un pronunciamiento a favor de la Comisión Especial Revisora del Código Penal del Congreso para despenalizar del aborto en casos de violación y en caso defectos genéticos del concebido (el comunicado en Promsex o aquí).

En dicho comunicado Huaita apoyaba lo siguiente: “Asimismo, en la experiencia comparada se ha determinado que la penalización del aborto implica una irrazonable preeminencia de uno de los bienes jurídicos en juego, la vida del concebido, y el consiguiente sacrificio absoluto de los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas. El Estado no debe imponer a las personas obligaciones que impliquen un sacrificio de sus propios derechos”.

Igualmente participó en el I Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos que se realizó en Arequipa, y que fue un verdadero aquelarre antivida como moderadora del panel sobre “Diálogos interdisciplinarios en materia de derechos reproductivos: La vinculación del enfoque de salud pública con los derechos humanos”.

c) A favor de la Anticoncepción Oral de Emergencia

Ha trabajado con el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia (CLAE) para la elaboración de las fichas “Promoción y defensa de la Anticoncepción de Emergencia en América Latina y el Caribe”.

Firmó el pronunciamiento a favor de la distribución por parte del Estado de la Anticoncepción Oral de Emergencia en setiembre del 2009. (ver)

d) A favor de los “derechos sexuales y reproductivos” de los adolescentes

Primeramente, Huaita está a favor de la promoción de los “derechos sexuales y reproductivos”. En el suplemento especial de la UNFPA de setiembre del 2007, Marcela Huaita se muestra a favor de los mismos apoyando la “«Ley general de salud sexual y salud reproductiva» y que debe aplicarse para los menores de edad (adolescentes).

En el mismo señala que: “Justamente, en esta propuesta legislativa encontramos algunos principios que sería importante tener en cuenta para la implementación de esta y otras normas, como son el de autodeterminación y el del interés superior del niño y del adolescente. Estos principios junto con el del libre desarrollo de la personalidad que está contemplado en el Código de los Niños y Adolescentes, nos dicen que los y las adolescentes son capaces de tomar decisiones en distintas esferas de su vida, dependiendo del grado de madurez en el que se encuentren”.

Al mismo tiempo en el 2008 presentó “Aspectos legales en la atención de la salud sexual y reproductiva del/la adolescente”, en el marco de “Reunión Nacional de Evaluación de la Etapa de Vida Adolescente”. Ahí presenta que la penalización de las relaciones sexuales en los adolescentes (menores de edad), se encuentra en contra de sus “derechos sexuales y reproductivos”.

En el “VI Congreso Internacional de Salud y Desarrollo de Adolescentes y Jóvenes” realizado el año 2009 en Lima, Huaita estuvo como representante de la ONG abortista Manuela Ramos para tocar el tema “Marco legal internacional y nacional relacionado con adolescentes y Jóvenes”.

Conclusiones

El gobierno de Ollanta Humala, por haber dejado a una serie de ONG´s el camino abierto para tomar el Perú como botín, ha sido el peor de la historia republicana en contra de la defensa de la vida del concebido y su dignidad. Basta señalar por ejemplo, un Ministerio de la Mujer totalmente ideologizado por ONG´s feministas, unos Ministerios de Salud y de Justicia jugando en paralelo para promulgar un protocolo del aborto terapéutico en la que vida del concebido se iguala como “contenido uterino”. Parece ser que este año y medio que resta de este gobierno es un “sálvese quien pueda” y en ese sentido Marcela Huaita tiene las manos libres para profundizar en que la “violencia contra la mujer” es no dejarle abortar, y que la promoción de la mujer pasa por seguir introduciendo los “derechos sexuales y reproductivos” como la “ideología de género”.

Comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana contra la maniobra de implantar el Aborto por violación en el Perú

Ayer, 14 de noviembre, los Obispos del Perú publicaron un fuerte comunicado contra la maniobra gestada por ONG´s abortistas y promovida por congresistas  que no fueron elegidos para promover el aborto. Curiosamente también hoy fue la primera reunión del Presidente Ollanta Humala con el Papa Francisco. El documento se llama “Salvemos a los Dos”. He aquí el Comunicado.

Los Obispos del Perú, ante el inicio del debate en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República para la despenalización del aborto en casos de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida, consideramos nuestro deber expresar una vez más nuestra defensa de quien tiene derecho a nacer: el concebido no nacido.

1. La doctrina de la Iglesia Católica nos enseña que: “La violación es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Atenta contra la justicia y la caridad. La violación lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral. Produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda la vida. Es siempre un acto intrínsecamente malo” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2356).

2. Si como fruto de la violación ya se ha producido la fecundación del óvulo, entonces nos encontramos ante un nuevo ser humano y a este respecto es clara la doctrina de la Iglesia: “Desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado; permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2271). Que la fecundación se haya producido como consecuencia de una violación no cambia en nada esta valoración del aborto. La Iglesia condena con fuerza toda forma de violación, y defiende al mismo tiempo que nunca es legítimo matar al hijo concebido, ni siquiera en las condenables y brutales circunstancias de una violación.

3. En una violación donde se haya producido una fecundación, es decir donde se ha concebido una nueva vida humana, hay dos víctimas: la madre (la mujer violada) y el hijo. El fruto de este acto violento es un “niño inocente” que tiene derecho a la vida y que no tiene la culpa de tan brutal acción. No es al “niño inocente” al que hay que castigar matándolo, sino procesar y castigar al violador con todo el peso de la ley.

4. De otro lado, someter a una madre al aborto en caso de violación es someter a la mujer a un doble trauma o daño físico, psicológico y espiritual: la violación y el aborto. Éste último–está demostrado– deja en la mujer marcas y heridas profundas muy difíciles de borrar, conocidas como “Síndrome post aborto”.

5. Los ejemplares casos de mujeres violadas y embarazadas, que sabia y valientemente eligieron mantener la vida de su hijo, testimonia que dicha decisión es la que realmente triunfa sobre la violación, ya que es la elección del bien sobre el mal y el triunfo del amor sobre la violencia.

6. Un cambio legislativo de esta envergadura es una violación de los derechos humanos y va contra el derecho a la vida que la Constitución Política del Perú protege.

7. Los legisladores más expertos señalan que legalizar el aborto por violación es abrir las puertas a serias complicaciones jurídicas: prácticamente cualquier unión, incluso consensual, podría ser presentada como contraria a la voluntad de la mujer y, por tanto, como una violación. Las estadísticas en el mundo entero demuestran que el aborto por violación no es ni siquiera aceptado por sus verdaderas víctimas, las mujeres violadas.

8. Confiamos en que, así como en días pasados se ha invitado al Congreso de la República a representantes de instituciones abortistas radicales, que defienden el aborto como un derecho y persiguen no sólo el fin de su despenalización por violación sino la aprobación en el Perú del aborto libre, se invite también a este debate a la Iglesia y a las instituciones a favor de la vida; de este modo, el mencionado debate sería objetivo y representativo de toda la sociedad peruana y no de unos cuantos pro abortistas radicales.

9. Advertimos que este propósito de despenalizar el aborto por violación no es más que un nuevo paso en la búsqueda del aborto sin restricciones, camino dolorosamente ya iniciado con la aprobación del Protocolo de Aborto Terapéutico por parte del Ministerio de Salud el pasado 27 de junio, cuya derogatoria pedimos insistentemente por ser una norma inmoral, inconstitucional e ilegal (ver Comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana: “No matarás al niño en el seno materno” –01 de julio de 2014–).

10. Finalmente, nos solidarizamos con todas las mujeres que han sufrido tan brutal acción y por ellas oramos, reconociendo el valor de la mujer en la misión de la Iglesia y en la construcción de la humanidad. Como nos dice el Papa Francisco: “Muchas cosas pueden cambiar y han cambiado en la evolución cultural y social pero es siempre la mujer la que concibe, lleva en su seno y da a luz a los hijos de los hombres. Y esto no es sencillamente un hecho biológico, sino que comporta una riqueza de implicaciones, sea para la mujer, en su forma de ser, que para sus relaciones, en su forma de considerar la vida humana y la vida en general. Llamando
a la mujer a la maternidad, Dios le ha confiado de forma especial al ser humano”.

Lima, 14 de noviembre de 2014

LOS OBISPOS DEL PERÚ

ONG´s abortistas peruanas apoyan candidatura de García Sayán a la OEA

Como era de esperarse, los principales grupos que promueven el aborto en el Perú, llámese PROMSEX, Manuela Ramos, CLADEM, Flora Tristán  y DEMUS, entre otros, que además reciben financiamiento del exterior, han enviado una carta apoyando plenamente la candidatura de Diego García Sayán (DGS) a la Secretaría de la OEA. La carta fue enviada este 22 de setiembre al representante peruano de la OEA para que la haga llegar al Secretario General Jorge Insulza.

Como se ha señalado anteriormente en el post “Ahora el Gobierno de Ollanta exporta el aborto con Diego García Sayán“, tuvo la astucia perversa en su periodo como presidente de la CIDH, de relativizar el valor y la dignidad a la vida del concebido a través de la sentencia emitida contra el Estado de Costa Rica, por ser éste último lo suficientemente coherente con la defensa de la vida desde la concepción al prohibir en el país “tico” la fecundación in vitro. Para poder romper la lógica jurídica costarricense, DGS y los jueces que lo acompañaron (dos de los cuales se habían declarado anteriormente a favor del aborto), tuvieron que acudir a una serie de ardides como el de “redefinir el momento de la concepción”, citar a como testigos imparciales a dueños de clínicas de fertilización asistida, acudiendo sólo a fuentes que estaban a favor de una teoría biológica que permitiera tal despropósito. El mismo DGS se declaró partidario del aborto en un artículo publicado en La República del cual es columnista. La gravedad de esta sentencia contra la vida llevó al ese entonces Papa Benedicto XVI a criticar duramente lo realizado por la CIDH en su discurso al Cuerpo Diplomático ante el Vaticano.

Confirmando que DGS es el candidato de las ONG´s abortistas esta carta señala que apoyan “la candidatura del Estado peruano de Diego García Sayán, debido a su larga trayectoria en pro de los derechos humanos como Ministro de Justicia, Ministro de Relaciones Exteriores y Presidente de la Corte IDH…Asimismo resaltamos su compromiso y labor por el restablecimiento de la democracia en el Perú y la defensa en el campo de los derechos humanos, especialmente el derecho a la igualdad y no discriminación, desde una mirada integral e interdependiente”

Acompañan la firma de las ONG´s más conocidas, otros grupúsculos como el Centro Ideas de Piura, y luego los grupos coordinados por Mercedes Neves (que quiso imponer desde la Región Arequipa el Protocolo del Aborto Terapéuticos hace algunos años) Red Rural, Humanidad Libre y Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos, todos desde esa zona del país.

Como se puede apreciar dentro del lenguaje pro abortista, se está refiriendo que DGS apoyará los “derechos de la mujer” para el aborto y además el matrimonio homosexual.
El gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia están cumpliendo un plan de reingiendería social a través de los Ministerios de Salud y Justicia y con el apoyo de un candidato netamente abortista para la OEA.
Aquí se puede ver la carta:

Amnistía Internacional: Respeto a la vida de todos, menos la de los concebidos

Las letras celestes son nuestras...

Amnistía Internacional debería cambiar de nombre, pues desde que decidió apoyar el aborto, su nombre es una incongruencia Esta ONG de alcance internacional que busca precisamente defender al más débil ha decidido ignorar la vida de los concebidos en el vientre de su madre. Es decir, que la “amnistía” es sólo para los concebidos que son deseados, no enfermos, no fruto de una violación, etc.

Esta institución que está en contra de la pena de muerte, publicó este jueves como parte de la campaña “Mi cuerpo, mis derechos” un documento acerca del aborto y los derechos sexuales y reproductivos, en el que solicita a Chile que despenalice el aborto en todos los casos posibles.

Aquí la noticia que apareció en Terra

La organización no gubernamental, que ha presentado de forma global este proyecto, fijó como puntos más importantes donde hacer reformas en esta materia, en América Latina y el Caribe, a Chile y El Salvador, según precisó Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional-Chile.

“Valoramos que en Chile se haya iniciado un debate para despenalizar el aborto en los casos de violación e incesto, peligro de vida o anormalidad fetal grave, sin embargo sería conveniente ir más allá”, precisó Piquer en una reunión con medios de comunicación.

En el caso de El Salvador, país con mayor tasa de embarazos adolescentes de América Latina, al menos el 11 % de las mujeres que se practican abortos mueren y al interrumpir el embarazo se enfrentan a penas de entre dos y ocho años de cárcel.

El documento sugiere avanzar en Chile hacia la derogación de la legislación que permite criminalizar a las mujeres que solicitan someterse a un aborto y tomar medidas que permitan abortos legales al menos en los tres casos mencionados.

En este sentido, la directora señaló que, según un estudio de la Universidad Diego Portales entre 2008-2014, se procesaron en Chile 159 causas con condena en relación con abortos (31 con condenas de prisión y el resto con multas y reducción de penas).

Además, Piquer recordó que negar ese procedimiento “en un caso de violación es un trato a la mujer similar a la tortura, por lo que es necesario que el Estado garantice los medios para evitar estas situaciones”.

“Acabar con la discriminación y la violencia contra la mujer es en cierta medida un medio para prevenir también embarazos no deseados”, explicó la experta.

El pasado 21 de mayo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció en el Congreso que presentará en el Parlamento un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en casos de inviabilidad del feto, violación o riesgo de vida, lo que inició en los últimos meses un intenso debate entre diferentes grupos sociales del país.

Comité de la ONU: “Despenalicen el aborto para defender la vida del niño”

Por eso pensamos que cada vez que un político abortista, o un representante del Ministerio de Salud cite a la ONU,  o a la Organización Mundial de la Salud (dependencia de la ONU), o a algún Comité señalando que es una posición científica, nos ríamos a mandíbula batiente. La ONU y muchas de sus agencias son pro abortistas y esta noticia lo demuestra.

El Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño le ha solicitado a Venezuela que modifique su Ley del Aborto y permitir que las adolescentes “interrumpan su embarazo” (aborten) con el fin de reducir el alto índice de mortalidad entre ese grupo, que es de los más elevados de la región. Es decir, un comité que pretendidamente desea defender los derechos de los niños le ha pedido a Venezuela que asesine niños en el vientre de las madres adolescentes, que en la legislación son consideradas niñas hasta la mayoría de edad. En otras palabras, que deje de considerar como personas y por lo tanto, con derecho a la vida, a los venezolanos concebidos que aún no han nacido. Este Comité no le ha pedido a venezuela que mejore la atención de salud de las futuras madres, lo cual hubiese sido lo esperado y plausible….no…..sino le ha pedido que cambie su lesgislación.

Así pues, todo queda muy claro, quiere que cambie los valores, la cultura. Esa es la intención desos comités de la ONU, tomados ideológicamente.

La noticia señala que “el Comité está profundamente preocupado porque Venezuela tenga uno de los índices más altos de la región de embarazos de adolescentes y que muchos de ellos acaben en muerte materna”, señala el organismo en sus conclusiones sobre Venezuela. “(El Comité) está preocupado por la falta de acceso a procedimientos de aborto seguro a causa de la restrictiva ley y la carencia de información sobre el impacto de los rogramas para reducir estos embarazos”, agregaron los expertos de la ONU.

Lo que sigue después es el mismo discurso abortista : El Comité pide a Venezuela que revise su legislación sobre el aborto y provea excepciones adicionales en caso de que el embarazo sea consecuencia de una violación o un incesto, ponga en riesgo la salud de la adolescente y evite la práctica de un aborto inseguro.

Actualmente el aborto en Venezuela es ilegal salvo en casos de amenaza a la vida o salud de la mujer. La pena para una mujer que tiene un aborto es de 6 meses a dos años de prisión y la pena por un médico u otra persona que realiza el procedimiento es de uno a tres años.

La noticia puede leerse aquí. y el documento en inglés del Comité de “Defensa de los Derechos del Niño” se puede leer aquí.

Este es el texto del informe que recomienda revisar la legislación del aborto y ampliarla:

Adolescent health

56. The Committee welcomes the consolidation of the National Programme on Sexual and Reproductive Health and the new protocol on adolescent health. It also notes the programmes undertaken to prevent and deal with unplanned teenage pregnancies. However, the Committee is deeply concerned that the State party has one of the highest rates of adolescent pregnancies in the region and that many of them result in maternal deaths. It is also concerned about the lack of access to safe abortion procedures due to a restrictive law on abortion and the lack of information on the actual impact of the programmes to reduce these pregnancies.

57. In the light of its general comment No. 4 (2003) on adolescent health and development, the Committee recommends that the State party:

(a) Collect disaggregated data on the number of deaths among pregnant girls and adolescents and undertake a study on the scope and root causes of these deaths;
(b) Review its legislation on abortion and provide for additional exceptions in cases of pregnancy resulting from rape or incest, when the pregnancy poses a risk to the health of the adolescents and when abortion is in the best interests of the pregnant adolescent so as to prevent her from resorting to unsafe abortion. The State party should ensure in law and in practice that the views of the child always be heard and respected in abortion decisions.
(c) Increase efforts to reduce maternal mortality among adolescents by implementing the existing protocol and providing adequate sexual and reproductive health services, including emergency contraception and ante-natal, delivery, post-natal and post-abortion services. In this endeavor, the State party is encouraged to consider the OHCHR’s technical guidance on the application of a rights based approach to the implementation of policies and programmes to reduce preventable maternal mortality and morbidity (A/HRC/21/22). The State party is also encouraged to seek technical assistance from UNICEF.
(d) Ensure coherency and coordination between the social Mission Daughters and Sons of Venezuela and the public health system in regard to adolescent health;
(e) Take measures to raise awareness of and foster responsible parenthood and sexual behaviour, with particular attention to boys and men; and
(f) Allocate adequate human, technical and financial resources to the proper implementation of the National Programme on Sexual and Reproductive Health and the protocol on adolescent health.