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En la sección de Opinión del día de hoy de El Comercio aparecen dos artículos sobre el aborto. El primero que vale mencionar es el de Janet Odar, abogada e Investigadora del Instituto Solidaridad y Derechos Humanos, el mismo que ha denunciado la parcialidad y prejuicios contra los derechos humanos del concebido de tres jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buen artículo que defiende la vida del concebido y que no lo opone al derecho a la mujer como a su realización, sino que lo integra, además que evidencia las falacias y la manipulación de cifras que utilizan las ONG´s pro abortistas en el debate público.
El segundo, de Gaby Cevasco, Integrante del Centro pro aborto Flora Tristán cae en el mismo discurso de siempre, con cifras manipuladas tanto de la feminista Delicia Ferrando como del Instituto Guttmacher, en un lenguaje aséptico, considerando que los derechos de la mujer se oponen al derecho al concebido. La única referencia a que existe otra vida humana además de la de la mujer es cuando dice que como de pasada que “el aborto es un tema complejo” (¡porque precisamente si “es complejo” es porque hay otra vida humana!). En todo el resto del artículo no se habla del concebido y sólo de los derechos de la mujer.
¿Derecho de la Mujer? por Janet Odar
Un solo voto -50 a favor y 49 en contra- determinó que en Uruguay, un país de 3,3 millones de habitantes, se apruebe un proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación. En Uruguay, a diferencia de países como el nuestro, el argumento principal no es reducir las muertes maternas, pues ellos tienen uno de los registros más bajos de la región (seis al año); tampoco es la sobrepoblación, pues es un país con los más bajos índices de fecundidad (1,99 hijos por mujer). El fundamento central es el supuesto derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo y todo lo que a él se refiera.
Se busca, entonces, oponer la protección de los derechos de las mujeres, frente a los derechos de los concebidos no nacidos -etapa de la vida por la que todos hemos pasado-. Los argumentos esgrimidos para esa decisión son planteados básicamente por organizaciones que promueven el aborto a libre demanda, es decir, en cualquier etapa del embarazo y sin “justificación”, basados en un claro y evidente interés ideológico, una forma específica de lo que consideran debe ser una mujer: “independiente”, “empoderada”, “dueña de su cuerpo”, “viviendo su sexualidad a plenitud”, “capaz de decidir”, capaz de dar muerte a su propio hijo en su vientre.
Se puede entender que en una sociedad “plural” existan organizaciones que promuevan estos intereses, pero decir que son estos, y no otros, los que responden a todas las mujeres, y más aun que son nuestros derechos, no es correcto. Soy mujer: a mí no me incluyan, ni me representen, como estoy segura de que no representan a muchas mujeres profesionales, amas de casa, estudiantes, adolescentes e, incluso, niñas que han asumido, en este país de retos y emprendedores, la activa protección del derecho a la vida, nada más y nada menos que la de sus propios hijos. La limitación de un derecho fundamental como el derecho a la vida no depende de la imposición de una mayoría.
Para dar esta apariencia de derecho y justificar una legislación que vincule a todo un país se apelan a supuestos datos objetivos.
Así, se dice que en el Perú hay más de 350 mil abortos al año, pero ¿quién lo dice? Estas mismas organizaciones, no el Estado. Las cifras oficiales del Ministerio de Salud, al 2008, determinan que el 80% de las causas de muertes maternas se vinculan no a abortos sino a una deficiente atención del parto, sobre todo en zonas rurales. ¿Por qué, entonces, no promover una mayor y mejor atención de la mujer embarazada?, ¿por qué, entonces, manipular estas cifras? Porque la realidad no les da la razón. Las mujeres sí somos capaces de dar vida a nuestros hijos aun en las condiciones más duras y exigentes, y no necesitamos del Estado un derecho a matar, sino un respaldo para llevar nuestro embarazo con dignidad.
Esta manipulación no es solo de cifras sino también jurídica. Se dice que existe el derecho al aborto terapéutico porque este se encuentra despenalizado en nuestro código: los códigos penales no reconocen derechos, sancionan ilícitos. Un ejemplo: el robo entre familiares está despenalizado. ¿Existe entonces el “derecho a robar” a padres o hermanos?, ¿se necesita un protocolo? Ciertamente, no.
Esto no es un debate de hechos objetivos y análisis de normas, sino una manipulación de datos para imponer una agenda ideológica particular.
Desde el feminismo por Gaby Cevasco
El aborto es un tema complejo y, en última instancia, depende de la decisión personal de cada mujer. Sin embargo, la interrogante relevante para debatir en torno a su despenalización es en qué circunstancias se toma esta decisión y en qué condiciones se lleva a la práctica. Así, la despenalización del aborto, propuesta desde el feminismo, estaría buscando responder tanto a un problema social como a un problema de justicia.
Sobre lo primero bastaría con revisar cifras. En el Perú, por ejemplo, se realizan más de 370 mil abortos clandestinos cada año (Delicia Ferrando, 2006). Es decir, más de mil abortos cada día. De estos, el 70% corresponde a mujeres de 14 a 29 años.
Algunas personas han observado estas cifras, pero desde que se realizó el primer estudio sobre aborto clandestino en el Perú (The Alan Guttmacher Institute, 1994), el número ha ido incrementándose: de 271 mil abortos clandestinos a 352 mil (2001).
Además, el Ministerio de Salud señala que el aborto es la tercera causa de muerte materna; la primera: hemorragias e infecciones, muchas de estas causadas por abortos incompletos. Peor aun: según la Ley General de Salud, los médicos tratantes deben denunciar a las mujeres que llegan con “indicios de aborto criminal”.
El problema de justicia, por otro lado, se manifiesta en que el mayor número de abortos clandestinos corresponde a mujeres de sectores pobres que recurren a lugares que no cuentan con las condiciones técnicas ni de salubridad adecuadas, básicamente debido a la falta de medios económicos. Estas situaciones ponen en riesgo su vida y aun así recurren a ellos porque han tomado una decisión.
Si en el Perú existieran servicios accesibles de información oportuna y completa para un uso correcto y permanente de anticonceptivos, según las necesidades de cada mujer, el número de abortos clandestinos se reduciría, al igual que las muertes.
Esto no es así en los sectores más pobres, en especial rurales, donde la información no existe y los servicios están desabastecidos. Nadie está a favor del aborto como método de planificación familiar.
Es más, no se puede olvidar que una sentencia del Tribunal Constitucional prohibió la distribución de la anticoncepción oral de emergencia a través de los servicios públicos de salud, lo que podría reducir el número de embarazos no deseados y, por consiguiente, el aborto clandestino en los sectores más pobres.
En este contexto, la despenalización del aborto busca que aquellas mujeres que decidan libremente interrumpir su embarazo puedan acceder a servicios de calidad como corresponde a toda intervención médica. Paralelamente, se deben impulsar programas integrales de salud sexual y reproductiva, desde donde se realicen campañas intensas sobre anticoncepción, y se debe incluir educación sexual integral en todos los niveles educativos para reducir los embarazos no deseados (muchos de ellos con origen en la violencia sexual).
La situación del aborto clandestino plantea una demanda: dejar pensar a la mujer para tomar una decisión libre y respetar su voluntad. La respuesta a esa libre decisión debe ser el poder contar con los servicios adecuados.
