Decano Ciro Maguiña al mando de un Colegio Médico que defiende el aborto como "derecho"
Todo estaba coordinado. A los tres días que se diera a conocer de la falsa “sanción” del CEDAW al Estado Peruano hubo una conferencia de prensa en la sede del Colegio Médico del Perú (CMP). Estuvieron presentes el decano del CMP, Dr. Ciro Maguiña, el presidente de una comisión creada por el mismo CMP bautizada pomposamente como “Comisión de Alto Nivel de Salud Sexual y Reproductiva”, en este caso el Dr. Miguel Gutiérrez, y Rossina Guerrero, actual directora de PROMSEX, que reemplaza a Susana Chávez mientras ésta se encuentre infiltrada en el Ministerio de Salud. También estuvo el abogado de la familia de la menor L.C.
Dos conferencias de las autoridades del CMP, primero con PROMSEX y luego con INPPARES, dos ONG´ cuyos objetivos han sido promover el aborto detrás de la máscara de los “derechos sexuales y reproductivos”, en menos de 10 días.
El aviso pagado del CMP y el “irrestricto respeto”
Para completar la faena, el CMP publica el 11 de noviembre en varios medios locales (uno de ellos La República), una carta dirigida al Presidente Humala donde señalan que el protocolo del aborto terapéutico (PAT) es uno de los puntos a tomar en cuenta “para mejorar de manera sustantiva la salud de la población peruana”. Para ello cita en el punto 4 de su comunicado la sanción del CEDAW, la recomendación de la Defensoría del Pueblo y que el PAT está dentro del “irrestricto respetode los derechos reproductivos de las ciudadanas de nuestro país”. (ver comunicado)
¿Irrestricto respeto de los derechos reproductivos? El CMP actúa en toda forma como una ONG pro aborto.
Por otro lado, responde también a la estrategia abortista de colocar como un problema de salud pública el tema del aborto.
¿A qué se debe esta efervescencia activista del CMP? La razón, como veremos en los demás posts es que ahora con el MIMDES infiltrado, el MINSA infiltrado, y una serie de congresistas pro aborto como Rosa Mavila y Javier Diez Canseco presionando al Ejecutivo y al Congreso, consideran que tienen la tormenta perfecta para sacar adelante el protocolo de aborto terapéutico y con el que piensan introducir además el aborto por violación como el eugenésico. Tres en uno. Es decir, a la larga legalizar el aborto en el Perú.
Un grosero y público conflicto de intereses
Miguel Gutierrez de Pathfinder, Daniel Aspilcueta de INPPARES, en conflicto de intereses cuando representan al CMP
Con este panorama abortista, los actuales dirigentes del CMP se sacan la careta y actualizan su militancia pro aborto, su alianza con ONG´s feministas y de género, no obstante el conflicto evidente de recibir sueldos de ONG´s y al mismo tiempo representar al Colegio Médico con aires de imparcialidad y de opiniones científicas.
Por ejemplo tenemos el caso de Miguel Gutiérrez, que es el actual representante para el Perú y Ecuador de la ONG pro aborto Pathfinder y como habíamos señalado, se presenta en las dos conferencias de prensa del como representante de la Comisión de Alto Nivel de Derechos Sexuales y Reproductivos. Precisamente Pathfinder en su boletín de mayo 2010 titulado “A time for action. Abortion advocacy in Brazil and Perú” (Un tiempo para la acción. Promoción o defensa del aborto en Brasil y Perú), que se puede ver aquí o aquí, se lee lo siguiente:
Creyendo firmemente que las mujeres en América Latina deberían disfrutar de los mismos derechos y libertades que mujeres en otro las partes del mundo, Pathfinder dedicó fondos privados para iniciar un proyecto de promoción del aborto en Brasil y Perú en 2008. Cimentada sobre relaciones de muchos años con proveedores de asistencia médica, representantes gubernamentales, y activistas en ambos países, el proyecto procuró capitalizar sobre el ímpetu generado por la histórica decisión del 2007 de legisladores en el Distrito Federal de la ciudad de México para eliminar muchas restricciones de aborto. Situada en la misma región donde el aborto provoca gran controversia política y religiosa, esta decisión sienta un importante precedente en apoyo de la libertad reproductiva. Para estimular un cambio de ideas, Pathfinder patrocinó una delegación de varios de sus compañeros claves brasileños y peruanos y aliados a la decisión de Ciudad de México. El objetivo: aprender directamente de sus colegas mexicanos como obtuvieron satisfactoriamente cambios de la ley de aborto, y encender e informar el activismo a favor del aborto dentro del núcleo de abogados comprometidos en Brasil y Perú.
Es decir, por un lado Gutiérrez recibe un sueldo por promover el aborto en nuestro país en Pathfinder, y luego con la anuencia del CMP, se presenta como miembro de una comisión “científica”. Un conflicto de intereses claro que fue mucho más patente cuando se presentó a dar declaraciones como representante del Colegio Médico del Perú.
La IPPF ha señalado en su documento “Marco Estratégico 2005-2015” (ver aquí) que tiene como una de sus metas:
El reconocimiento universal del derecho de la mujer a elegir y tener acceso al aborto seguro, y la reducción en la incidencia del aborto inseguro.
Objetivos
1. Fortalecer el compromiso público y político con el derecho a elegir y tener acceso al aborto seguro.
2. Aumentar el acceso al aborto seguro.
3. Ampliar la provisión de servicios relacionados con el aborto como una parte integral de los servicios de salud sexual y reproductiva.
4. Crear conciencia entre el público general, las personas encargadas de formular políticas y entre grupos profesionales relevantes, sobre el impacto del aborto inseguro en la salud pública y la justicia social
Por lo tanto, en Aspilcueta se da el mismo problema de conflictos de intereses sólo que con más agravantes. Si INPPARES está en contra de la penalización de las relaciones sexuales entre adolescentes, no puede al mismo tiempo estar vendiendo medicamentos contra el embarazo con fines lucrativos tal cual lo señala la página de la IPPF, y que dice:
INPPARES ha establecido un negocio lucrativo, PROPATER, que vende productos farmacéuticos y colabora con la farmacéutica Leiras, una empresa finlandesa, con el mercado del anticonceptivo Norplant en el país.
El 2007 el CMP y las ONG´s abortistas que trabajan en el Perú sellaron su alianza, o la hicieron evidente, para promover los “derechos sexuales y reproductivos” en el país. El CMP había asumido ya años antes la ideología de género y la creencia ideológica, nada científica, que existen unos “derechos sexuales y reproductivos”. Ese año era vicedecano del CMP Ciro Maguiña.
Lo hicieron a través del evento titulado “I Taller nacional sobre Derechos Sexuales y Reproductivos” que se realizó el 21 y 22 de marzo y que fue financiado por las siguientes instituciones a favor del aborto:
IPPF, conocida como la mayor transnacional abortista (ver)
INPPARES, filial de la IPPF en el Perú.
PROMSEX , que recibe financiamiento del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) a través de Consorcio Internacional del Aborto con Medicamentos (ICMA).
IPAS (International Project Assistance and Services) cuyo uno de sus objetivos es que busca ampliar la disponibilidad, calidad, y sostenibilidad de los servicios de aborto y de salud reproductiva. Servicios de Aborto que promueve en especial del aborto por medicamentos (ver).
Planned Parenthood Federation of America, cuya asociado en el Perú es PROMSEX lo cual ya dice de qué se trata el tema. (ver aquí).
Dentro del CMP, fue la Comisión de Alto Nivel de Salud Reproductiva la encargada de coordinar el evento. ¿Quiénes constituían esta Comisión? Casi todos personajes conocidos en nuestro medio por su activismo pro abortista:
Luis Távara Orozco (Presidente), miembro de PROMSEX, y defensor a ultranza que no existe el efecto abortivo en la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) desde el año 2003 durante la época de Mazetti en la que fue funcionario del MINSA. Actual Presidente de la Junta Directiva de INPPARES.
Susana Chávez, directora de PROMSEX y representante en el país de la CLACAI y del ICMA. (ver)
Martha Rondón, fue vice decana durante la presidencia en el CMP de Julio Castro Gómez, defensora del aborto terapéutico (en la que acentúa el tema de la salud psíquica), y también por violación. Defensora a ultranza de la AOE.
Rocío Villanueva Flores, actual viceministra del MIMDES, vinculada a Manuela Ramos, ex directora de la Adjuntía para la Mujer de la Defensoría del Pueblo y desde el cual defendió a la AOE, y quien ha manifestado desde sus artículos su posición a favor del aborto como derecho. (ver)
Un Colegio Médico plenamente identificado con el aborto
El documento, que se puede ver aquí, evidencia la adhesión del CMP a la idea que “los derechos sexuales y reproductivos” son parte de los derechos humanos y son parte integrante del derecho a la salud. Una posición nada científica y claramente ideológica y ni siquiera sustentada por la legislación peruana. Las conclusiones del Taller debieron dejar plenamente satisfechos a los activistas pro aborto como a las ONG´s financistas del evento debido a que entre sus conclusiones se encuentran las siguientes:
El CMP apoya el derecho de las mujeres al aborto terapéutico; esto es, cuando el embarazo pone en riesgo su vida o puede ocasionarles daño grave y permanente.
El CMP apoya el derecho de las mujeres a decidir por un aborto en casos de violación sexual (previamente denunciada), por cuanto su salud mental y su integridad personal están en riesgo, con la posibilidad de ocurrencia de muerte o daño grave y permanente.
El CMP apoya el derecho de las mujeres a optar por un aborto por malformaciones congénitas graves o incompatibles con la vida, por los graves daños que estas pueden ocasionar en su salud mental y eventualmente en su salud física.
El CMP debe promover la existencia de protocolos para la atención del aborto terapéutico a nivel de los servicios de salud, a fin de cautelar de problemas éticos y legales a los profesionales.
El CMP se reafirma en el reconocimiento del derecho que tienen las adolescentes al aborto por indicaciones terapéuticas, promoviendo la elaboración de dispositivos legales que regulen este mismo derecho por malformaciones congénitas graves o incompatibles con la vida y por violación sexual.
Además el documento plantea las siguientes recomendaciones gravísimas:
Asumir un posicionamiento institucional público a través de los medios de comunicación para defender el derecho de las mujeres al aborto terapéutico.
Utilizar la iniciativa legislativa del CMP para incorporar dentro de la legalidad del aborto, además de las indicaciones terapéuticas, los casos de malformaciones congénitas graves o incompatibles con la vida y los casos de violación sexual.
Utilizar la iniciativa legislativa del CMP para establecer un marco legal en el que se pueda incorporar las malformaciones congénitas graves o incompatibles con la vida y la violación sexual de adolescentes como causales de interrupción legal del embarazo.
En resumen, el CMP apoya, difunde, promociona unos “derechos sexuales y reproductivos” y con ello el aborto terapéutico, por violación y eugenésico, y además, que las adolescentes no necesitan de la tutela de sus padres para esos casos.
Ese es el Colegio Médico del Perú en la actualidad.
Como habíamos visto en nuestro post anterior, los dictámenes del CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) no solamente no obligan al Estado Peruano, o cualquier Estado del mundo, porque sólo puede ejercer recomendaciones, sino además se ha convertido en un especie de engendro ideológico a cargo de feministas radicales que busca implantar en los países que firmaron la Convención de la Mujer, su ideología y en temas tan lejanos como la negación del derecho a la vida del concebido, un nuevo concepto de familia, de sexo hasta llegar a proponer la prostitución como parte de los derechos humanos. Una agenda ideológica que muestra que si hubo buenas intenciones buenas al principio de esta Convención, éstas han sido usurpadas, desnaturalizadas, secuestradas y finalmente vueltas contra la misma mujer.
Lo irónico del tema, es que en los documentos no oficiales del CEDAW, o en las declaraciones de algunos de sus miembros señalan que estos dictámenes “obligan” a los Estados miembros.
CEDAW y el aborto
Tomando el análisis de Juan Claudio Sanahuja sobre la vinculación del CEDAW y el aborto, éste señala:
“Uno de los “caballitos de batalla” de las defensoras de CEDAW es decir que en ningún articulado del Convenio o del Protocolo se aboga por la legalización del aborto. Visto de forma tan simplista resulta cierto. Pero veamos como ese caballito de batalla se convierte en un “Caballo de Troya”. En sus Artículos 12 y 14 (sección 2b) del Convenio, se busca “asegurar, en base a la igualdad entre el hombre y la mujer, acceso a los servicios de salud, incluyendo aquellos relacionados con Planificación Familiar”. Este documento fue escrito a fines de 1980, a lo largo del tiempo transcurrido se ha demostrado que la retórica de “planificación familiar” significa también acceso a los servicios de Aborto. ¿Cómo se planifica una familia que no desea más hijos y les llegó un embarazo no deseado? ¿Quién, si no el Comité de CEDAW, es el que unilateralmente decide que se viola el derecho de una mujer al negarle poder acceder a un Aborto ante un embarazo no deseado?”.
En otras palabras como también señala Mónica del Río, “el objetivo final es –como queda claro- que en todos los países haya aborto libre e irrestricto; el Comité le va pidiendo a cada país un pasito más en esa dirección, de manera de acercarlo progresivamente al objetivo previsto”.
Su estrategia va en tres líneas:
1) Reinterpretación ideológica de los términos de la Convención.
La Convención no menciona explícitamente al aborto en ninguno de sus artículos pero el Comité –como hemos advertido- lo considera incluido en la “planificación familiar”. Por eso son recurrentes sus recomendaciones en la materia. Instó a revisar la legislación que penaliza el aborto a Rumania, Irlanda, Uruguay, Paraguay, Luxemburgo, Antigua y Barbuda, Venezuela, Marruecos, Méjico, Namibia, y un largo etc. Mientras que felicitó a países como Eslovenia en el momento en que incluyeron el “derecho al aborto” en su Constitución. (A/52/38/Rev.1). A Colombia le señaló que la penalización del aborto era no sólo una violación de los derechos de la mujer a la salud y a la vida, sino también una violación del artículo 12 de la Convención. (A/54/38)
2) Expresar su preocupación por la mortalidad materna cuando en verdad su objetivo es impulsar el aborto como derecho.
Existe un documento, en que la actual presidenta de la CEDAW, la brasileña Silvia Pimentel informa sobre su periodo del trabajo del 2005 al 2008, en que informa sobre su trabajo del año 2005 al 2008, “Experiencias y desafíos en el comité sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer”, Informe Bienal de Mi Participación, Silvia Pimentel, CEDAW/ONU, São Paulo. (ver documento)
En este documento se desliza su estrategia en la página 29 en el punto 10. Sobre “Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos”.
“En lo que respecta a los derechos reproductivos, muy especialmente al tema del aborto, se conoce muy bien la magnitud de las tensiones y antagonismos de ideas sobre el tema en diversas partes del mundo y, es importante decir que, aunque de forma discreta, también se encuentran presentes en interior del mismo Comité CEDAW. Hay un cuidado, muy grande, para que nuestras intervenciones y acciones sean constructivas, a favor de la vida de las mujeres, y suele destacarse la manera inapropiada como, universalmente, se trata el aborto ilegal –inseguro, que trae como consecuencia, graves perjuicios a la salud de la mujer. Prácticamente, está siempre relacionado a las altas tazas de mortalidad materna. Tratar el aborto inseguro como una cuestión de salud pública y, por lo tanto, como un problema que exige políticas públicas en el área de la salud, sigue siendo la estrategia más eficaz. He buscado, cautelosamente, introducir la filosofía y el lenguaje de Viena, Cairo y Beijing, presentando esta realidad de millones de mujeres, como un problema de salud y de derechos humanos”
“Estrategia eficaz”, “introducir la filosofía y lenguaje”…¿a qué suena todo esto? A una clarísima intromisión ideológica en los países miembros de la Convención.
3) Avanzando hacia el aborto como un derecho irrestricto
En países donde el aborto ya está legalizado el CEDAW siempre pide un poco más. Ante Turquía el Comité se declaró preocupado por el hecho de que se exigiera el consentimiento del cónyuge para realizar un aborto y consideró que contravenía lo dispuesto en el artículo 15 de la Convención (A/52/38/Rev.1). A Italia le expresó particular preocupación por el acceso limitado al aborto que tenían las mujeres en el sur de Italia como resultado de las objeciones de conciencia de los médicos y el personal de los hospitales. (A/52/38/Rev.1).
Un club de feministas radicales pro aborto
Quienes forman el Comité de la CEDAW son 23 miembros, elegidos de una lista propuesta por los Estados Parte. Hay que aclarar que aunque las hayan sugerido diversos gobiernos, los miembros del Comité desempeñan sus funciones a título personal y no en representación del país de origen (art. 17.1 de la Convención). Como diría la provida argentina Mónica del Río, “en general no son -como en los tribunales internacionales- figuras del derecho sino activistas feministas comprometidas con la defensa de unos supuestos “derechos de la mujer”, de índole ideológico y que tiene como matriz la “ideología de género” (ver el artículo de Jorge Scala aquí).
En la lista de la derecha se puede apreciar las actuales miembros del Comité y se confirma y se agrava lo señalado más arriba, es decir que no sólo se encuentran a título personal, sino además que varias de ellas han sido o son conspicuas miembros (capaz de licencia) de ONG´s abortistas. Tal es el caso de la más representativa, su presidenta, la brasileña Silvia Pimentel.
Silvia Pimentel es considerada por las feministas pro aborto de Latinoamérica como una activista histórica del movimiento feminista latinoamericano y es fundadora de CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), una ONG abortista de alcance latinoamericano. Además de participar en el Primer Congreso Latinoamericano Jurídico Sobre Derechos Reproductivos” que se realizó del 5 al 7 de noviembre en el Colegio de Abogados de Arequipa con el tema “Barreras que impiden el ejercicio de los derechos reproductivos”, su activismo la llevó a apoyar el aborto en Uruguay.
O a tener declaraciones como: “Yo pienso que el aborto no es un método de anticoncepción, pero es una posibilidad para una mujer que entiende que no puede, no debe o no quiere tener un hijo… No se puede obligar a una mujer a tener un hijo, el Estado no puede decir que una mujer tiene que tener un hijo si quedó embarazada. Es algo muy personal, muy íntimo”(Ver entrevista).
Pero además se agrava la moralidad de este grupo cuando encontramos conflictos de intereses, como por ejemplo que Silvia Pimentel, además de pertenecer a CLADEM, pertenece a The International Women’s Rights Action Watch (IWRAW) (ver CV en la CEDAW). O el caso de Olinda María Bareiro Bobadilla, politóloga y feminista, que también pertence a ONG´s feministas como la la Articulación Feminista Marcosur (AFM). Pues bien, estas ONG´s envían a la CEDAW los Informes Sombra (Shadow Reports) denunciando a los países según sus criterios de género y derechos sexuales y reproductivos. En otras palabras, se convierten en jueces y parte. En un círculo viciosos de feministas y ONG´s presionando a Estados soberanos y usufructuando indebidamente el membrete de la ONU.
Hartazgo de dictámenes y el Perú debe hacer lo que hizo Paraguay
La cantidad de dictámenes con sus recomendaciones y observaciones por este grupo de feministas pro abortistas es inmensa a lo largo de estos años, lo cual comprueba una vez más que su carácter no obligatorio. Pueden verlo en el gráfico de abajo. También pueden ver el análisis que realiza hasta de los años 1995 al 2007, Thomas W. Jacobson, representante en la ONU de “Enfoque a la Familia” (ver aquí).
Dentro de su lenguaje ambiguo, la CEDAW, y los medios desinformados y desinformantes, señalan que la ONU es la que ha sancionado al Perú. Ya hemos visto que no es una sanción sino una serie de recomendaciones. Pero cuando mencionan a la ONU desean dar a entender que los países en pleno se han reunido y se han pronunciado, ello no es así, esto es la posición de un solo comité y sobre el cual hemos visto la calidad “imparcial” de algunas de sus militantes pro aborto.
El caso paradigmático de esta situación en que un comité de la ONU ha sido capturado por una banda ideológica lo dio Paraguay. En el año 2005, Paraguay fue “sancionado” por la CEDAW y el tema fue zanjado con un pronunciamiento de la propia misión de la ONU ante Paraguay:
“Ante equívocas publicaciones aparecidas recientemente indicando que “la ONU recomienda a Paraguay legalizar los abortos”, el Sistema de las Naciones Unidas en Paraguay aclara que esta no es recomendación del organismo, ni es su posición oficial, y sostiene que:
1. La información presenta serias imprecisiones que devienen de la interpretación errónea de recomendaciones emanadas de la reciente 32ª. Sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), encuentro realizado del 10 al 28 de Enero del año en curso en Nueva York, además de la falta de comprensión de cuáles son las funciones y objetivos de dicho Comité.
2. En la mencionada sesión, Paraguay al igual que otros 8 países, presentó el informe “Estado del cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”. En dicha oportunidad el CEDAW brindó recomendaciones generales, entre ellas la revisión de la legislación en materia de no discriminación.
3. El CEDAW es un órgano independiente integrado por 23 expertas elegidas por los Estados parte, entre sus nacionales, y que ejercen sus funciones a título personal.
4. Las sugerencias de carácter general emanadas del CEDAW están basadas en informes de los Estados parte e incorporan las observaciones de los propios Estados, si las hubiere.
5. Como tal, las recomendaciones del CEDAW no coinciden necesariamente con la postura oficial del Sistema de Naciones Unidas. En este caso “la legalización del aborto” no es una política oficialmente sostenida por el Sistema de Naciones Unidas.”
(Aviso publicado en el Diario ABC Color de Paraguay, Pág. 4, sección Política, el 06 de febrero de 2005 )
Otras perla del CEDAW, la prostitución como derecho
Para este punto hemos tomado como la cereza, un análisis de Juan Claudio Sanahuja.
“El Artículo 6 del Convenio establece que los países que han ratificado CEDAW “tomarán todas las medidas necesarias, incluyendo legislación, a fín de suprimir todas las formas de tráfico y explotación de mujeres por medio de la Prostitución”. Este enunciado es consecuente con otro tratado anterior conocido como Convención para la Supresión del Tráfico de Personas y la Explotación de la Prostitución en Otras, que postula que la Prostitución es incompatible con la dignidad y valores de la persona humana y requiere su penalización, incluso aunque medie consentimiento de la víctima (enfatizado).
Trágicamente, el Comité de CEDAW, en gozo de la interpretación unilateral de los textos que el Protocolo Facultativo le otorga, ha desvirtuado totalmente la intención original del documento en lo concerniente a Prostitución. El Artículo 11, sección 1(c) sostiene que existe el “derecho a la libre escogencia de profesión y empleo”. El Comité de CEDAW ha incluido la “prostitución voluntaria” basada en ese concepto de “libertad de escogencia” para detrimento de las mujeres del mundo. De esta forma, le ha solicitado a la China que adopte la “despenalización de la Prostitución” expresando su preocupación de que ésta es, a menudo, “resultado de la pobreza”, creando una nueva terminología de “Trabajadoras Sexuales”. También se urge a Alemania a “reconocer que las jovencitas y mujeres prostitutas son víctimas de violaciones a sus derechos humanos y requieren protección” y esta gran preocupación está basada en el hecho de que “a pesar de que están obligadas a pagar impuestos, las prostitutas no gozan de leyes de protección social y laboral”. En el reporte sobre Grecia llega a enunciar: “Nada positivo se logra con la despenalización de la Prostitución mientras se tiene que luchar con medidas reguladoras, el Comité está preocupado que existan estructuras inapropiadas que no aseguran una adecuación con el marco regulador del trabajo (la prostitución)”.
A comienzos de este mes se dio el primer escenario de aprobar un protocolo de aborto terapéutico (PAT) en nuestro país por parte deste gobierno. Como habíamos señalado este PAT es el “caballo de troya” para legalizar el aborto en nuestro país, es decir, que a partir de una situación rara y excepcional en la cual, a pesar de los avances de la medicina, se encuentren en la disyuntiva que para salvar la vida de la madre se ponga indirectamente en peligro la vida del niño. Pero a partir de este mismo protocolo se quiere introducir el aborto por violación y el aborto eugenésico.
El primer escenario fue un verdadero halloween pues se aliaron todos los monstruos con y sin disfraz. Un verdadero complot abortista.
Por un lado, desde el exterior, y en coordinación con las instituciones pro aborto que trabajan en el Perú, se dio a conocer que el Comité de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), “sancionó” al Perú porque no se aplicó el “aborto terapéutico” a un caso que luego explicaremos. Igualmente veremso después que la CEDAW es parte de la maquinaria ideológica pro aborto de la ONU. También veremos que el término “sancionar” fue una manipulación del lenguaje.
En el frente interno, utilizando el término “sanción” y “obligación” hicieron un frente común las ONG´s feministas con PROMSEX a la cabeza, la cual difundió un comunicado y que la mayoría de medios hicieron eco y reprodujeron con ingenuidad o negligencia propia de la pereza periodística de confrontar fuentes. Fue meramente un “copy y “paste” de la nota de prensa.
A la cual se sumaron, el Colegio Médico del Perú (conducido por una camarilla a favor del aborto con promiscuos exponentes que han hecho de la violación del derecho de la vida desde el momento de la concepción un medio de vida y un ingreso económico); el MIMDES, la Adjuntía para los Derechos dela Mujer de la Defensoría del Pueblo, y el Viceministro de Salud Enrique Jacoby, que tiene como Asesora a la ex directora de Promsex, la activista pro aborto Susana Chávez.
Pero vayamos paso a paso, hablemos por el momento del CEDAW, tomando en parte el análisis que realiza la licenciada argentina Mónica del Río en su artículo “El aborto global”.
La CEDAW, debajo de las buenas intenciones, el derecho al aborto
En diciembre de 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el sistema de la ONU existe un sistema de comités de seguimiento de las convenciones, esta Convención tiene el suyo CEDAW. Los Comités tienen como misión monitorear la aplicación de la Convención correspondiente. La función del Comité de la CEDAW es supervisar los progresos -jurídicos y sociales- de la mujer en los Estados que son Partes de la Convención.
Este Comité se reunió por primera vez en 1982 está formado por 23 miembros, elegidos de una lista propuesta por los Estados Parte. Aclaremos que aunque los haya sugerido su gobierno, los miembros del Comité desempeñan sus funciones a título personal y no en representación del país de origen (art. 17.1 de la Convención). En general no son -como en los tribunales internacionales- figuras del derecho sino activistas feministas comprometidas con la defensa de los “derechos de la mujer”.
Su Protocolo Facultativo
A fin de convertir las recomendaciones del Comité en denuncias formales, el 10 de diciembre del 99, conmemorando el “Día Internacional de los Derechos Humanos”, la ONU abría a la firma de sus países miembros el protocolo facultativo de la CEDAW.
El Protocolo es el instrumento para busca hacer operativa la Convención. Es una suerte de palanca legal para denunciar a los que hubiesen cometido supuestas “discriminaciones hacia la mujer”. El Protocolo faculta además al Comité para iniciar pesquisas sobre violaciones graves o sistemáticas de la Convención, en los Estados que han aceptado ese procedimiento.
Básicamente, el Protocolo le reconoce al Comité competencia para recibir y considerar denuncias por violación a los derechos de las mujeres (art. 1º del Protocolo), pero sólo eso. Las denuncias podrán ser efectuadas por cualquier persona o grupo de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación (art. 2º del Protocolo). En ningún momento sus dictámenes tienen fuerza vinculante u obliga a los Estados a cumplirlas.
La mentira de la sanción
No fue una sanción. Si se utiliza el término “sancionar” según la RAE es el significado.: “Dar fuerza de ley a una disposición”. En los documentos oficiales de la CEDAW nunca aparece ese término. Cuando uno lee el Protocolo Facultativo descubre en el artículo 8 puntos 3, 4 y 5 del mismo lo siguiente:
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir los resultados de la investigación y las observaciones y recomendacionesque le transmita el Comité, el Estado Parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se solicitará la colaboración del Estado Parte.
En otras palabras, el Comité sólo realiza observaciones y recomendaciones y no obliga al Estado Peruano. Es más, si nos remitimos el documento de la ONU “Procedimientos para presentar Denuncias”, en su página 26 señala lo siguiente:
Aunque la descripción general también se aplica a este caso, en el propio Protocolo Facultativo figura un procedimiento especial para los casos en los que el Comité considere que se han vulnerado los derechos que se le reunieron en la Convención. En primer lugar, conviene señalar que cuando el Comité toma una decisión (que oficialmente se denomina «dictamen») sobre el fondo de un asunto, también puede, al igual que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, formular recomendaciones.
Pero la demostración irrefutable que son recomendaciones se encuentra en el mismo dictamen CEDAW/C/50/D/22/2009 de este caso que señala luego de haber analizado la denuncia presentada por (cuándo no) PROMSEX, señalar que “En consecuencia, el Comité formula las siguientes recomendaciones para el Estado parte:……”.
Nuevamente son recomendaciones y nada más que eso.
Y los medios difundieron la mentira de PROMSEX
Pero la manipulación fue total y los medios la reprodujeron. La nota que envió PROMSEX a todos los medios fue así: ” Comité de Naciones Unidas sanciona al Perú por negar aborto terapéutico a una adolescente”, además señalan en la misma “que el aborto terapéutico debe ser priordad”.
Indemnizar adecuadamente y brindar medidas de rehabilitación a la víctima.
Establecer un mecanismo para el acceso efectivo al aborto terapéutico revisando su interpretación restringida del mismo.
Adoptar directrices o protocolos para garantizar la disponibilidad y el acceso de servicios públicos de salud reproductiva para las/los adolescentes.
Revisar la legislación que criminaliza a las mujeres que interrumpen sus embarazos producto de una violación.
Es decir, todo el paquete completo abortista. En otras palabras, este caso de L.C. no es la defensa de una joven, sino el medio de crear presión para sacar adelante el aborto en el Perú, como hicieron las feministas con Norma McCorvey en el caso de Roe vs Wade en los Estados Unidos.
Veamos algunos ejemplos como los medios se creyeron lo que señalaba Promsex, tomando como base el drama personal de L.C.:
Web de RPP : Responsabilizan a Estado Peruano de violar derechos humanos de joven. “Según la instancia internacional, el Estado peruano debe indemnizar por daños y perjuicios a favor de la joven, quien fue ultrajada sexualmente y debido a ello solicitó la interrupción de su embarazo en el Hospital Daniel Alcides Carrión, del Callao, pero se le negó”.
Perú 21: Sancionan a Perú por aborto terapéutico. “El comité le ordena al Estado indemnizar y brindar medidas de rehabilitación a la víctima, así como establecer mecanismos y el protocolo que garanticen el acceso efectivo al aborto terapéutico en el país.
“Lo que faltaba. La Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación por la falta de aprobación del protocolo que regula el aborto terapéutico, tras el reciente pronunciamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, que ordena al Estado Peruano establecer mecanismos efectivos para dicho procedimiento, que permite acabar con la vida de un feto por razones médicas, cuando esta institución debería defender la vida, incluso la del nonato.
La Cereza del canal de Estado
Pero posiblemente la cereza fue que el noticiero del Canal del Estado, TV Perú, en lugar de buscar la posición oficial del Estado difunde una conferencia de prensa sobre la pretendida “sanción” de la CEDAW, y la posición de quienes aplauden tal medida. El Estado Peruano sólo ha recibido recomendaciones y aún no se ha pronunciado al respecto. En otras palabras, el Canal del Estado Peruano tiene a periodistas parcializados que han tomado partido en favor del aborto sin hacer ninguna investigación e informan en contra del mismo Estado. La noticia fue transmitida el 11 de noviembre de 2011 por Canal 7.
Hace poco la mayoría de medios de comunicación realizaron balances y análisis políticos, sociales y económicos de los primeros 100 días del gobierno de Ollanta Humala. Lamentablemente, como sucedió previa a la segunda vuelta, los análisis sólo se centraron en los intereses materiales y no morales, como es el caso de la defensa de la vida y la familia. Y si bien, los empresarios, los inversionistas, los bancos, los economistas, se sintieron satisfechos de estos primeros 100 días, los que defendemos la vida del concebido nos hemos sentido asqueados.
De por sí, la maquinaria abortista instalada en el MIMDES (Aída García Naranjo, Rocío Villanueva, María Ysabel Cedano, Diana Mislalovich, Tammy Quintanilla, entre otras), junto con la cabeza de playa instalada en la Asesoría de Viceministerio de Salud (Susana Chávez), han comenzado a crear los escenariospara la legalización del aborto en el Perú, comenzando con la presión para aprobar un protocolo de aborto terapéutico para que se convierta en el medio para legalizar casos de aborto por violación y eugenésicos. Todo en coordinación con las ONG´s abortistas a las cuales pertenecen (Promsex, Flora Tristán, DEMUS y Manuela Ramos).
Detrás de la sonrisa de Nadine Heredia, de la pretendida firmeza de Humala por los porbres del Perú, de la preocupación de los ancianos con Pensión 65, se aloja la indiferencia frente al tema de la defensa del concebido, en un mirar hacia otro lado, de un laissez faire, laissez passeir (dejar hacer, dejar pasar). Una indiferencia que se muestra más dramática luego que una de las propagandas de la campaña nacionalista una madre embarazada exclama “Que vivan todos los hijos que van a nacer”. Ahora sabemos que no, pues las acciones, los hechos conducen a que sólo los hijos deseados deben nacer.
Frente a ese pragmatismo político del Presidente y sólo económico de la mayoría de los medios, frente a la hipócresía, sólo queda la voz y la acción de los que defendemos la vida.
El reciente traspaso de los principales programa sociales del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) al nuevo Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS) ha llevado a muchos a preguntarse si vale tiener todo un ministerio para el tema de la mujer y, más bien si se habla de inclusión social, porque no hacer que el MIDIS absorba al MIMDES.
Ante esa idea, y la cual ahorraría gasto al Estado, han reaccionado fuertemente la lamentable Ministra de la Mujer, Aída García Naranjo y su viceministro, Rocío Villanueva. Ambas han señalado la importancia de la “equidad de género” y de todo lo que sostiene dicha ideología.
Pero para saber de qué se trata este Ministerio, que sin los programas sociales queda al desnudo su carga ideológica, vamos a tomar extractos de un artículo del argentino Jorge Scala, un activista provida que indica de qué manera la agenda de género está vinculada a los “derechos sexuales y reproductivos” y el aborto, que por ese motivo, y no otro, tocamos en este blog.
La Ideología de Género
En el lenguaje se define el género masculino o femenino de las palabras, de manera arbitraria -es decir, sin que tenga relación alguna con la sexualidad, por ejemplo: la mesa es de género femenino y el vaso es de género masculino, sin que en ninguno de ambos casos, haya connotación sexual alguna-. Extrapolando esto a los seres humanos, se pretende sostener que hay un sexo biológico, que nos es dado y, por ende, resulta definitivo; pero -a la vez-, toda persona puede construir libremente su sexo psicológico o “género”.
Al comienzo, se usan los términos sexo y género, de modo intercambiable, como si fueran sinónimos y luego, cuando la gente se acostumbró a utilizar la palabra género, se le va añadiendo, imperceptiblemente, el nuevo significado de “sexo construido socialmente”, por contraposición al sexo biológico. El proceso final, es el común de los mortales hablando de género, como una autoconstrucción libre de la propia sexualidad. Y el cerebro ya quedó lavado…
Esa libertad para “construir” el propio “género”, se interpreta como autonomía absoluta, en dos sentidos simultáneos: 1º) cada uno interpreta como quiere qué es ser varón y qué es ser mujer; interpretación que, además, podrá variar cuantas veces el sujeto lo estime conveniente; y 2º) cada persona puede elegir hoy y ahora, si quiere ser varón o mujer -con el contenido subjetivo que ella misma haya dado a esos términos-, y cambiar de decisión cuantas veces le plazca. A esa elección absolutamente autónoma, la denominan “opción sexual”.
Ahora bien, en la “construcción del género”, interviene también la percepción que el resto de la sociedad tiene, sobre lo que es ser varón o ser mujer. Y esto crea una doble interacción: por un lado, cada persona con su concepción del género, influye en la sociedad; y por el otro, la sociedad toda influye en lo que cada persona percibe, como el contenido del género. Por esto se afirma que el género sería: el “sexo socialmente construido”.
Otro aspecto que importa subrayar, es que si el género se construye autónomamente, no tienen sentido -es más, serían ideas perniciosas-, las concepciones de la complementariedad de los sexos y, por ende, la norma de la heterosexualidad en las relaciones humanas. El matrimonio sería una opción para quienes la quieran, pero es una opción más, de igual valor que la cohabitación sin compromisos, las relaciones ocasionales, la prostitución, la homosexualidad, la pederastia, el bestialismo, etc. Cada uno elige autónomamente lo que quiere y le gusta, y no sólo nadie debe impedírselo, sino que el Estado debe facilitarle los medios a cada persona, para satisfacer sus instintos sexuales a su gusto, sin correr el riesgo de un “embarazo no deseado”, o de contraer una enfermedad sexualmente transmitida. El único límite es la violación de la “libertad sexual” de un tercero. Estos son los “derechos sexuales y reproductivos”, reivindicados por el feminismo fundamentalista.
La “desigualdad de género” sería la que ocurre, cuando los varones están a cargo de la vida pública, el poder y el trabajo; y las mujeres de la vida privada y la procreación; ésta impide a las mujeres participar en la vida pública y, por ende, tener poder. Esto explica que la maternidad, es vista como un mal por el feminismo radical, y por eso reivindica el “derecho” al aborto. El “empoderamiento” de la mujer, tendería a superar la “desigualdad de género”, haciéndola participar del poder y la vida pública.
Por contraposición la “igualdad de género”, implicaría que mujeres y varones somos iguales, pero en sentido de idénticos, y no en el tener igual dignidad y derechos. Esto es una consecuencia del presupuesto antropológico, según el cual todo ser humano podría -con autonomía absoluta-, elegir su propio género, ya que esto vale tanto para varones como para mujeres. Por ello, la diferencia biológica sexual, es percibida casi como una provocación a la confrontación -mujeres boxeadoras o futbolistas-, y no como un llamado a la complementariedad.
Otros vocablos derivados de esta ideología, y que tienen un significado preciso, son el “sexismo” y la “homofobia”. El “sexismo” sería poner cualquier límite a la conducta sexual -por ejemplo, penalizar la prostitución, la pornografía, la esterilización voluntaria, la homosexualidad, etc.; esas serían leyes “sexistas”-. Si cada uno construye su género autónomamente, y no hay leyes de la naturaleza, es tan válido ser heterosexual que homosexual, bisexual, transexual, travestido, transgénero, y todas las perversiones inventadas o a inventarse.
La “homofobia”, sería considerar que las relaciones naturales entre los seres humanos, son las heterosexuales. Eso sería tener fobia a la igualdad -entendida como identidad- entre los géneros… En definitiva, se trata de imponer una nueva antropología, que es el origen de una nueva cosmología, y promueve un cambio total, en las pautas morales de la sociedad.
Las consecuencias sociales e institucionales de la ideología de género:
Resulta fácil advertir las consecuencias en la familia y en la sociedad, en caso que se llegara a imponer la ideología de género, en la cultura popular de nuestro pueblo argentino. Evidentemente, si cada quien “construye” con autonomía absoluta su sexualidad psicológica, sin ninguna relación con la biológica, entonces:
a) No existiría más el matrimonio, porque toda unión sexual tendría igual valor;
b) No existiría más la familia, porque cualquier clase de unión sexual sería el origen de un nuevo “tipo” de familia. Si todo es familia, a la postre, nada es familia…
c) No habría más varón ni mujer, todos seríamos andróginos, porque si cualquiera le da el contenido que quiere a la feminidad y la masculinidad, sin que nadie pueda objetarlo, entonces ya no existiría más esa distinción, sólo reservada a lo biológico.
d) La entrega gratuita de contraceptivos, las esterilizaciones voluntarias, la instrucción genital en las escuelas y el aborto, pasarían a ser considerados derechos humanos fundamentales -los derechos sexuales y reproductivos-.
e) Terminaría colapsando la misma sociedad, por la destrucción de su célula básica -la familia, basada en el matrimonio heterosexual, monogámico e indisoluble o, al menos, estable-.
Noticias Globales
El 2007 el CMP y las ONG´s abortistas que trabajan en el Perú sellaron su alianza, o la hicieron evidente, para promover los “derechos sexuales y reproductivos” en el país. El CMP había asumido ya años antes la ideología de género y la creencia ideológica, nada científica, que existen unos “derechos sexuales y reproductivos”. Ese año era vicedecano del CMP Ciro Maguiña.
